«La hipótesis tendenciosa sobre la inevitable corrupción de casi todos los gobiernos latinoamericanos, los temas del narcotráfico y de las supuestas violaciones a los derechos humanos (perversamente concebidos), son a la fecha recursos utilizados por los Estados Unidos para reforzar sus odiosas políticas de injerencia pseudoética en los asuntos internos de múltiples naciones» Armando Almánzar-Botello
Por Armando Almánzar-Botello
Una figura jurídico-filosófica es la “fuerza de ley”, ejercida en nombre de la justicia, y otra muy distinta es la “ley de la fuerza”, practicada por intereses egoístas e injustos de grupos que pretenden hablar, paradójicamente, en nombre de la universalidad emancipatoria, en nombre de esa unión de igualdad y libertad que Étienne Balibar denomina égaliberté.
No justifico la violencia que nos viene desde “arriba” como resultado de la ciega hegemonía de un grupo restringido de sujetos inhumanos y ambiciosos que pretenden apropiarse de los recursos del mundo; no pretendo legitimar con mis argumentos la violencia que se realiza en nombre de una supuesta democracia que de hecho funciona de espaldas a los sectores más desfavorecidos de las poblaciones del planeta: la democracia estadounidense.
La razón de Estado siempre ha justificado su violencia esgrimiendo argumentos que de una u otra forma pretenden legitimarla. Esa es su lógica. Con variantes que oscilan entre el autoritarismo-totalitarismo y cierto relativo pluralismo que respeta parcialmente la multiplicidad, esa razón de Estado no funciona ni funcionará de otro modo. Podría variar la correlación de fuerzas entre Estado y sociedad civil popular, pero el Estado, como tal, aspira siempre a su propia permanencia. Y logra esta relativa estabilización apelando a diferentes medios, más o menos (i)legítimos...
En el período comprendido entre los años sesenta y setenta, años de lucha frontal contra los socialismos reales y en los que sin escrúpulo alguno, sin escatimar ningún tipo de violencia (por más brutal que esta fuera) se manifestó el deseo imperialista de cercenar en América Latina la posibilidad de una “segunda Cuba”, los Estados Unidos de Norteamérica subordinaron la justicia y la ley a la pura fuerza militar, “sabiamente administrada” a favor de los intereses de las plutocracias de la gran nación y de las oligarquías locales que funcionaban como sus aliados.
Violaron así las vidas de individuos y de comunidades enteras en nombre de una mal llamada Democracia cuyo verdadero rostro era el saqueo imperial y neocolonial de los recursos de los países intervenidos.
Durante los restantes años del siglo XX, hasta su cierre, y en el transcurso del presente milenio, los Estados Unidos siempre se han “salido con las suyas”; y en nombre de una supuesta defensa de los derechos humanos y de una falsa democracia, han proseguido interviniendo militarmente en países en los cuales la política exterior estadounidense percibe los recursos de esas naciones como botines o como simple energía a explotar por las grandes corporaciones.
Orientados por esa visión guerrera y neocolonial, los Estados Unidos y sus aliados en las rapiñas y felonías imperialistas han abrogado todas las normas del derecho internacional (véase el caso de la prisión de Guantánamo en Cuba, los diferentes estados de excepción declarados cínicamente por los gobiernos de algunas metrópolis, etcétera), se han subordinado instituciones (como la OEA, la ONU, la Asociación Internacional de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud...), y cuando estos instrumentos institucionales no responden eficazmente a los intereses comerciales y políticos de las grandes metrópolis, prescinden simplemente de ellos e imponen la ley de la fuerza.
Como efecto de una mutación significativa operada por razones estratégicas en los medios, patrones, vías y métodos de injerencia neocolonial, siempre contando con la desinformación de los sujetos, con la ignorancia y confusión de las masas desesperadas o hambreadas, los Estados Unidos han tratado de impedir en los últimos años lo que bien podría denominarse un auténtico proceso emancipatorio en América Latina y el Caribe.
El objetivo de la política exterior estadounidense ha sido descoyuntar, por vías no convencionales, todo lo que pueda oler a gobiernos y gestiones progresistas que favorezcan la autonomía relativa de las naciones tradicionalmente subordinadas a la órbita gringa.
No mencionaremos aquí el descarado apoyo político de los Estados Unidos, en el pasado siglo XX, a la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, país convertido así, después del derrocado gobierno socialista de Salvador Allende, en campo experimental para la articulación de las más nefastas políticas neoliberales.
Tampoco mencionaremos la terrible guerra de Vietnam, las intervenciones militares en Haití, Santo Domingo, Nicaragua, Panamá, Irak, Afganistán, Siria, Libia...
Dentro de las nuevas modalidades de control, golpes de estado económicos y parlamentarios, programados y corruptos saqueos imperiales, podemos mencionar como víctimas en América Latina los pueblos de Argentina, de Brasil y, más recientemente, de Venezuela.
Por efecto de una encerrona económico-política perversa producto de una alianza entre los Estados Unidos y las oligarquías importadoras locales, dóciles a los mandatos neocoloniales norteamericanos, emboscada orientada a desestabilizar gobiernos legítimamente constituidos que responden a la vocación de propiciar el bienestar colectivo como prioridad de sus respectivas gestiones y no las ganancias de las grandes corporaciones transnacionales, países como Cuba, Argentina, Brasil, y en mayor medida Venezuela, han visto decaer en los últimos años, de un modo alarmante, su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos.
El cracking, como ilegítimo y ecocida método de producción de petróleo y de gas que afecta violentamente los ecosistemas y no garantiza ninguna sostenibilidad, se ha visto convertido en arma político-económica de competencia desleal e irresponsable utilizada para propiciar un desplome de los precios del crudo y así afectar las economías de ciertos países cuya estabilidad depende de la venta de hidrocarburos.
La hipótesis tendenciosa sobre la inevitable corrupción de casi todos los gobiernos latinoamericanos, los temas del narcotráfico y de las supuestas violaciones a los derechos humanos (perversamente concebidos), son a la fecha recursos utilizados por los Estados Unidos para reforzar sus odiosas políticas de injerencia pseudoética en los asuntos internos de múltiples naciones.
Esta situación de crisis económico-política y ética patrocinada por los Estados Unidos en alianza, como siempre, con las oligarquías locales que, al decir de Octavio Paz, solo ven sus respectivos países como campos de operaciones lucrativas y no como espacios de sana y justa convivencia, es promovida por los medios de comunicación masivos al servicio del gran capital y ofrecida como una prueba de la ineptitud de los gobernantes progresistas que se apartan de los mandatos de Washington.
Estas crisis locales inducidas por las inhumanas oligarquías locales “entreguistas”, son presentadas por ciertos ideólogos como un testimonio de la imposibilidad que padece América Latina para darse un devenir histórico, económico, político y cultural propio, más allá de la tutela neocolonial norteamericana.
Repetimos, hoy existe la falsa percepción, motivada por la propaganda perversa de la prensa amarilla servil a los intereses de las megacorporaciones transnacionales, de que hay una insuperable crisis en ciertos países latinoamericanos por haber decidido apartarse del modelo capitalista neoliberal, y que dicha crisis constituye una prueba de la incapacidad de estas naciones y sus gobiernos para determinar de una forma eficaz su propio futuro independientemente de los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).
De hecho, a pesar de los decires oportunistas de los intelectuales oscurantistas al servicio del biopoder; a pesar de las “distorsiones y confusiones entre causas y efectos” promovidas por cierto periodismo canalla, los verdaderos responsables de la situación de Venezuela y Puerto Rico, por ejemplo, son los norteamericanos y las monstruosas “oligarquías financieras glocales”.
Los muertos que hoy lamentablemente podemos contar en Venezuela son asesinatos por procuración y delegación, sobredeterminados, comandados por “atractores extraños”, asesinatos “vicarios” realizados física y “virtualmente” por un sector de la oligarquía venezolana, por los Estados Unidos en su arraigada vocación neocolonial de trastornar los procesos específos de las naciones para hacerlas colapsar y someterlas a los intereses mercuriales del Imperio.
En su contenido manifiesto, superficial, esos muertos son responsabilidad exclusiva del gobierno de Nicolás Maduro; en su contenido latente, profundo, son el lamentable resultado de unas violencias sistémicas, estructurales e invisibles en ocasiones, violencias que vienen padeciendo secularmente nuestros pueblos y que son propiciadas por las oligarquías locales y los imperialismos.
El profesor Juan Bosch, en su obra De Cristóbal Colón a Fidel Castro, hablaba del Caribe como “frontera imperial”, como territorio siempre en riesgo de ser intervenido y dañado por los imperialismos históricos. Este juicio, en mayor o menor grado, bien podría ser hoy aplicado a todos los países de América Latina.
Junio de 2007. Armando Almánzar-Botello.
Copyright © Armando Almánzar Botello. Reservados todos los derechos de autor. Santo Domingo, República Dominicana
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